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Galicia
La Xunta reparte 2,6 millones en 59 convenios con los grandes medios gallegos basándose en el “interés general”
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Desde hace años, la Xunta de Galicia viene construyendo su propio modelo de financiación de los medios de comunicación afines. La partida más conocida, y la única en la que hay cierta concurrencia, es la de ayudas a empresas periodísticas que cada fin de año reparte dos millones a los grandes grupos mediáticos bajo unos requisitos determinados por la propia Xunta.
A partir de ahí, existen otras vías que permiten repartir más dinero con menos control, incluso a través de acuerdos a dedo que no permiten ni fiscalización ni participación externa. Antes de las elecciones gallegas, por ejemplo, la Xunta destinaba unos 15.000 euros diarios a contenidos periodísticos a través de más de más de 700 contratos menores.
La Voz de Galicia recibió 1,68 millones de euros de estos convenios, un 63% de los 2’64 millones totales.
Otro método estandarizado desde hace años en San Caetano es la firma de convenios en los que la Xunta, argumenta, “quiere colaborar apoyando a labor que llevan a cabo los grandes grupos de comunicaciones gallegos de prensa escrita”, basándose en que se trata de una “actuación singular y de interés general, por lo que no resulta posible promover la concurrencia en convocatoria pública”. Justifican de este modo uno reparto sin ningún tipo de control más allá de su propio criterio. Tan sólo en año y medio, 59 convenios y 2,64 millones de euros.
¿Cómo funcionan los convenios de colaboración?
Para la Xunta, la figura del convenio de colaboración es “idónea”, según sus propios documentos y memorias. Por una parte, no están sujetos a IVA, ya que las actividades de los acuerdos no suponen una prestación de servicios, sino que están basadas en un supuesto “interés general” y en la inexistencia de ánimo de lucro económico de las partes.
La Xunta defiende que los acuerdos “no suponen en ningún caso publicidad institucional”, a pesar de recoger actividades como la publicación de banners de la Xunta
La descripción de las actividades coinciden en muchos casos con servicios propios de la publicidad institucional o de contenidos que la Xunta también encarga mediante contratos de patrocinio. Son ejemplos de esto objetos como “publicar tres páginas sobre materias competenciales de la Consellería” o la “difusión de banners de distintas campañas”. A pesar de esta similitud, el gobierno gallego defiende en los propios convenios que los acuerdos “no suponen en ningún caso publicidad institucional”, que por ley estarían sujetos a otro tipo de contratos administrativos.
Además, explican que la Xunta “financia la actividad de difusión informativa (…) como una forma de participación en el coste financiero del producto objeto de difusión, dado que la actividad de promoción de la empresa editorial coincide con los fines de la Xunta de Galicia.” Es decir, el gobierno gallego paga al medio por elaborar el producto sobre sus “materias competenciales” y por la difusión de sus banners, pero defiende no obtener retorno publicitario de esas acciones.
Medios de comunicación
Medios de comunicación La Xunta de Feijóo pagó siete millones por el programa de televisión por el que se pasean sus altos cargos
La interpretación de la Xunta de esta figura es un ejemplo más del cuestionamento que hacía en 2010 Tribunal de Cuentas por la falta de una definición clara de un marco legal para diferenciar los convenios de colaboración de las subvenciones o de las inversiones. Advertía de que en muchos casos, “bajo la aperiencia formal de convenios de colaboración, se tramitaron auténticos contratos administrativos, eludiendo la aplicación de la legislación contractual”.
Los convenios obligan la que las periodistas que realizan los contenidos “tengan en consideración” las aportaciones y observaciones de la Xunta, quien financia esos mismos contenidos
Conflicto periodístico
Otra de los características de estos convenios es su posible condicionamiento en la línea editorial de las piezas periodísticas que encarga. En muchos de ellos se explicita que el medio tiene el deber de “poner en conocimiento de la ciudadanía los programas de la Xunta de Galicia” o “promover el conocimiento de las iniciativas y convocatorias de ayudas de la Consellería”. Además, recogen que el gobierno gallego “podrá formular en relación con los datos e informaciones, las observaciones que considere pertinentes con el fin de garantizar la objetividad y veracidad de estos, las cuales deberán tenerse en consideración”.
A pesar de la obligación a las periodistas de tener en consideración las observaciones de la Xunta, se acuerda que serán los medios los que fijen la línea editorial de los contenidos, “no pudiendo la Consellería determinar el contenido concreto de la información publicada.” De este modo, queda en manos del medio de comunicación qué implica esa toma en consideración de las observaciones proporcionadas por la Xunta, pagadora de las informaciones.
Investigación
Investigación El Gobierno gallego repartió 4.000 millones de euros en contratos a dedo en solo seis años
Promover el gallego o apoyar proyectos industriales
Cada Consellería firma uno o varios convenios con cada grupo mediático, así hasta los 59 convenios firmados entre marzo de 2023 y octubre de 2024. Por ejemplo, la Consellería de Cultura e Lingua paga a 300.000 euros a La Voz de Galicia o 42.000 la LaRegión, para “potenciar el uso del idioma gallego”, obligando la que “transcriban literalmente en el periódico las entrevistas y declaraciones hechas en gallego”, empleen el gallego en un mínimo de piezas, refuercen el uso del gallego en los suplementos y publiquen más contenidos en gallego en los periódicos del Día das Letras Galegas y del Día Nacional de Galiza.
Otro ejemplo. Algunos de los convenios de Economía e Industria tienen como objetivo la publicación de “información relacionada con estrategias, programas y/o iniciativas de la consellería”. Se busca dar a conocer “las iniciativas que se desarrollan en materia de innovación, apoyo y consolidación del tejido empresarial y transición energética” y “contribuir a la divulgación de iniciativas y proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la industria y el comercio”. Estos objetivos tan ambiguos podrían permitir, por ejemplo, contenidos en apoyo a proyectos industriales. Además, en algunos convenios se determina también el número de piezas a realizar, como La Voz de Galicia, que tiene que publicar cinco monográficos de ocho páginas y tres ‘cafés de redacción’ sobre temas relacionados con la Consellería.
Minería
Minería Los señores de la mina: así paga la Xunta el ‘greenwashing’ del lobby minero
Todo por el interés general
Cada Consellería escoge un interés general para sus convenios que justifique cada colaboración, y que debe ser asumido por cada uno de los medios. El interés de los convenios de la Consellería de Cultura e Lingua, por ejemplo, es “contribuir a la normalización del idioma gallego”.
Industria considera de interés general que la ciudadanía y los sectores económicos “tengan una percepción mejor de la situación económica y laboral, de las actividades desarrolladas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y de los resultados que de ellas se derivan”. En el caso de las colaboraciones promovidas por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, la Xunta define que los convenios “contribuyen a hacer efectivos a libertad de expresión y el derecho de información”, sin explicar de qué manera esto es así.
Los planes de medios
Con todo, ni las ayudas a empresas periodísticas ni estos modelos de financiación a dedo están cerca de las cantidades que suponen para la prensa los planes de medios licitados cada año por la Xunta. En estecaso, cada Consellería encarga a agencias especializadas, sin monitorización posible en su ejecución y bajo la supervisión del gobierno, el reparto de decenas de millones de euros.
En la última semana de 2024 la Xunta licitó los planes de medios de 2025 y 2026 de cinco Consellerías por un valor de más de 15 millones. No tendremos información de qué medios recibirán ese dinero, ya que sigue sin existir regulación al respeto.
Medios de comunicación
A Xunta asinou 59 convenios e repartiu 2,6 millóns aos grandes xornais galegos baseándose no “interese xeral”
Desde hai anos, a Xunta de Galiza vén armando o seu propio modelo de financiamento dos medios de comunicación afíns. A partida máis coñecida, e a única na que hai certa concorrencia dos medios, é a das axudas a empresas xornalísticas que cada fin de ano reparte dous millóns aos grandes grupos mediáticos baixo uns requerimentos escollidos pola propia Xunta.
A partir de aí, existen outras vías que permiten repartir máis diñeiro con menos control, mesmo podendo ser acordado sen fiscalización nin participación externa posible. Antes das eleccións galegas, por exemplo, a Xunta destinaba uns 15.000 euros diarios a contidos xornalísticos a través de máis de máis de 700 contratos menores.
La Voz de Galicia recibiu 1,68 millóns de euros destes convenios, un 63% dos 2’64 millóns totais
Outro método estandarizado desde hai anos en San Caetano é a sinatura de convenios nos que a Xunta, argumenta, “quere colaborar apoiando a labor que levan a cabo os grandes grupos de comunicacións galegos de prensa escrita”, baseándose en que se trata dunha “actuación singular e de interese xeral, polo que non resulta posible promover a concorrencia en convocatoria pública”. Xustifican deste xeito un reparto sen ningún tipo de control máis alá do seu propio criterio. Tan só en ano e medio, 59 convenios e 2,64 millóns de euros.
Convenios de colaboración
Para a Xunta, a figura do convenio de colaboración é “idónea”, segundo os seus propios documentos e memorias. Por unha banda, non están suxeitos a IVE, xa que as actividades dos acordos non supoñen unha prestación de servizos, senón que están baseadas nun suposto “interese xeral” e na inexistencia de ánimo de lucro económico das partes.
A Xunta defende que os acordos “non supoñen en ningún caso publicidade institucional”, malia recoller actividades como a publicación de 'banners' da Xunta
A descrición das actividades coinciden en moitos casos con servizos propios da publicidade institucional ou de contidos que a Xunta tamén encarga mediante contratos de patrocinio comúns. Son exemplos disto obxectos como “publicar tres paxinas sobre materias competenciais da consellería” ou a “difusión de banners de distintas campañas”. Malia esta similitude, o goberno galego defende nos propios convenios que os acordos “non supoñen en ningún caso publicidade institucional”, que por lei estarían suxeitos a outro tipo de contratos administrativos.
Ademais, explican que a Xunta “financia a actividade de difusión informativa (…) como unha forma de participación no custo financeiro do produto obxecto de difusión, dado que a actividade de promoción da empresa editorial coincide cos fins da Xunta de Galicia”. É dicir, o goberno galego paga ao medio por elaborar o produto sobre as súas “materias competenciais” e pola difusión dos seus banners, pero defende non obter retorno publicitario desas accións.
A interpretación da Xunta desta figura é un exemplo máis do cuestionamento que facía en 2010 Tribunal de Contas pola falta dunha definición clara dun marco legal para diferenciar os convenios de colaboración das subvencións ou dos investimentos. Advertía de que en moitos casos, “baixo a aperiencia formal de convenios de colaboración, tramitáronse auténticos contratos administrativos, eludindo a aplicación da lexislación contractual”.
Os convenios obrigan a que as xornalistas que realizan os contidos “teñan en consideración” as achegas e observacións da Xunta, quen financia eses mesmos contidos
Conflito xornalístico
Outra das eivas destes convenios é o seu condicionamento na liña editorial das pezas xornalísticas que encarga. En moitos deles explicítase que o medio ten a obriga de “poñer en coñecemento da cidadanía os programas da Xunta de Galicia” ou “promover o coñecemento das iniciativas e convocatorias de axudas da Consellería”. Ademais, recollen que o goberno galego “poderá formular en relación cos datos e informacións, as observacións que considere pertinentes co fin de garantir a obxectividade e veracidade destes, as cales deberán terse en consideración”.
Malia esta obriga cara as xornalistas de ter en consideración as observacións da Xunta, acórdase que serán os medios os que fixen a liña editorial dos contidos, “non podendo a Consellería determinar o contido concreto da información publicada.” Deste xeito, queda en mans do medio de comunicación o que implica esa toma en consideración das observacións proporcionadas pola Xunta, pagadora das informacións.
Promover o galego ou apoiar proxectos industriais
Cada Consellería asina un convenio con cada grupo mediático, así ata os 59 convenios asinados entre marzo de 2023 e outubro de 2024. Por exemplo, a Consellería de Cultura e Lingua paga a 300.000 euros La Voz ou 42.000 a La Región, para “potenciar o uso do idioma galego”, obrigando a que “transcriban literalmente no xornal as entrevistas e declaracións feitas en galego”, empreguen o galego nun mínimo de pezas, reforcen o uso do galego nos suplementos ou publiquen máis contidos en galego nos xornais do Día das Letras Galegas e do Día Nacional de Galiza.
Outro exemplo. Algúns dos convenios de Economía e Industria teñen como obxectivo a publicación de “información relacionada con estratexias, programas e/ou iniciativas da consellería”. Búscase dar a coñecer “as iniciativas que se desenvolven en materia de innovación, apoio e consolidación do tecido empresarial e transición enerxética” e “contribuir á divulgación de iniciativas e proxectos relacionados coa ciencia, a tecnoloxía, a industria e o comercio”. Estes obxectivos tan ambiguos poderían permitir, por exemplo, contidos en apoio a proxectos industriais. Ademais, nalgúns convenios determínase tamén o número de pezas a realizar, como La Voz de Galicia, que ten que publicar cinco monográficos de oito páxinas e tres cafés sobre temas relacionados coa Consellería.
Todo polo interese xeral
Cada Consellería escolle un interese xeral para os seus convenios que xustifique cada colaboración, e que debe ser asumido por cada un dos medios. O interese dos convenios da Consellería de Cultura e Lingua, por exemplo, é “contribuír á normalización do idioma galego”.
Industria considera de interese xeral que a cidadanía e os sectores económicos “teñan unha percepción mellor da situación económica e laboral, das actividades desenvolvidas no ámbito da nosa comunidade autónoma e dos resultados que delas se derivan”. No caso das colaboracións promovidas pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Xunta define que os convenios “contribúen a facer efectivos a liberdade de expresión e o dereito de información”, sen explicar de que maneira isto é así.
Os plans de medios
Con todo, nin as axudas á radiofusión nin estes modelos de financiamento a dedo están cerca das cantidades que supoñen para a prensa os plans de medios licitados cada ano pola Xunta. Nese caso, cada consellería encárgalle a axencias especializadas, sen ningún nin monitorización posible na súa execución e baixo a supervisión do goberno, o reparto de ducias de millóns de euros.
Na última semana de 2024 a Xunta licitou os plans de medios de 2025 e 2026 de cinco consellerías por un valor de máis de 15 millóns de euros. Que medios recibirán eses cartos é algo do que non teremos ningunha información, xa que segue sen existir regulación ao respecto.
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